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miércoles, 6 de septiembre de 2023
martes, 22 de noviembre de 2022
PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA -PARTE VII
PARTE VII
Por Carlos Alejandro Lara Ugarte
Ya para ir
completando esta serie de escritos, especulativos y de análisis de la
conflictividad social en el marco de la demanda y el derecho a la protesta es
necesario tomar en cuenta un eje amplio de datos.
Este eje amplio de
datos que refieren a circunstancias deliberativas con diseños estatales
territoriales, poblacionales y constitucionales ocurridas durante el proceso
constituyente.
Los datos dan
cuenta las razones por las que el discurso federalista en Santa Cruz, (En
Potosí con otros matices ideológicos), concibió a las autonomías, como modelo
de construcción institucional para superar las barreras del centralismo sin
agredir en su esencia la unidad estatal del pueblo boliviano, pero superando
las relaciones que sustentaron la república colonialista, neoliberal y de
dependencia.
De hecho, el
proceso deliberativo al interior de la Asamblea Constituyente y del pueblo, en
asambleas territoriales, cabildos y otros eventos de socialización y opinión
del proceso constituyente, llevó a coincidir en la necesidad de generar una
constitución que permita establecer marcos legales para extinguir las viejas
miradas excluyentes y discriminadoras, racistas, coloniales y de ciega
subordinación al poder extranjero.
Pero también en
este debate se evidencio que el proyecto de la autonomía departamental cruceña
en la mirada de sus expositores reproducía el centralismo colonial, neoliberal,
excluyente frente a los pueblos indígenas y las provincias, además de una
apertura al libre mercado y economía capitalista, que por cierto conculcaba los
derechos fundamentales que se estaban incorporando en la Constitución Política
del Estado desde la Asamblea Constituyente. En ese entendido las provincias y
los pueblos indígenas impulsaron y lucharon por las autonomías municipales, las
regionales y las Indígenas Originarias Campesinas.
El Estado unitario
con autonomías no es un regalo de las élites políticas; es por el contrario una
victoria del pueblo boliviano movilizado y organizado desde una agenda de
lucha. Las autonomías en su implementación como todos lo saben es de años y de
permanente continuidad, pero debe quedar claro que ningún proceso autonómico puede
ser concebido si se mantiene las bases estructurales de la República colonial,
es decir si no se transforma las relaciones de explotación, de pongueaje, realiones
patriarcales y si no se trabaja por superar las grandes desigualdades sociales
y territoriales.
Pero también hay
otro campo que el discurso radical federalista llevó a la mesa deliberativa, y
es que las regiones deliberaron visiones de país desde una nueva división
política territorial, esto en razón a su continuidad territorial y afinidades socioeconómicas,
es así que una posible federalización debía definir las unidades federativas, y
desde las provincias y regiones y pueblos indígenas se desestimó que sean los
departamentos concebidos como unidades federativas
El tiempo y las
circunstancias que afrontó el proceso constituyente fue determinante, y muchos
temas no fueron totalmente agotados, y que probablemente muchos constituyentes,
líderesas y líderes saben el alto nivel de complejidad que lleva una nueva
división política, sobre todo por el pendiente que dejo la Asamblea con la
propuesta de creación de nuevos departamentos, que para el caso de Santa Cruz
se dio desde la region Chiquitana, la Guaraní o de los valles y la de Norte. En
esa posibilidad, desde estas regiones se planteó propuestas a la Asamblea
Constituyente de creación de nuevos departamentos. Ocurrieron casos semejantes
en otros departamentos.
Entonces el debate
de las autonomías regionales y la creación de nuevos departamentos es un tema
pendiente, que por su naturaleza la Constitución Política del Estado puede
absorberlas en el marco legal y constitucional, pero es tema de alta prioridad
que mientras los gobiernos autónomos no trabajen por la superación de las
relaciones de desigualdad, discriminación, racismo y colonialismo, se seguirá
culpando al centralismo y dejando rondar compleja y violenta cara del
separatismo.
Consideraciones finales
El conflicto
actual por el Censo 2023 en el que está inmerso la institucionalidad del Estado
Plurinacional y la población, viene abriendo temas que la Asamblea
Constituyente no los ignoró, pero consideró que por su alta complejidad
demandaba madurez y sentido crítico de la realidad geopolítica y social, dada
su larga historia desfavorable y débil vinculación territorial y
socialcomunitaria.
El conflicto ha
reflotado la vieja mirada republicana frente a la plurinacionalidad del Estado
Boliviano. La mirada perversa del republicanismo liberal y neoliberal de los
dos siglos pasados, es contraria a la mirada que hoy se tiene y se fue
construyendo desde las políticas de integración nacional y consolidación de
unidades socioeconómicas de desarrollo económico y humano.
Finalmente
corresponde considerar que en el pueblo la humildad enaltece el orgullo y
viceversa si se actúa con madurez y buena fe, en un amplio marco de
racionalidad y empatía. En el caso del conflicto por el Censo 2023 la razón nos
expone a gritos que esta se realizará el 2024, pero el orgullo demanda el 2023
y la humildad es atropellada por la inmadurez y la mala fe.
Sin embargo a todo
hay algo o muchas cosa que no cuadra en este paro cívico. De alguna manera
algunos pasajes reflejados por la prensa y las redes sociales me recuerda a lo
reflejado en la película “Apocalipsis ahora” dirigida por Francis Ford Coppola.
La
Paz, 22 de noviembre de 2022
PD. Fin de esta
serie de escritos
domingo, 20 de noviembre de 2022
PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA -PARTE VI
PARTE VI
Por
Carlos Alejandro Lara Ugarte
A 30 días del Paro
Cívico en Santa Cruz, en contra del Gobierno Nacional, en el marco de la
demanda del Censo 2023 se conoce que desde una intermitente gestión pacífica de
la conflictividad, el 11 de noviembre del presente año se promulgó el Decreto
Supremo 4824, con lo que se estableció fecha de realización del censo para el
23 de marzo de 2024. Sin embargo, este decreto
no fue la respuesta esperada por la Unión Juvenil Cruceñistas y en esa
medida la rutina del conflicto en el departamento de Santa Cruz sigue
violentándose desde agresiones físicas y verbales, manifestaciones racistas y
discursos conspirativos al orden constitucional del Estaco Plurinacional,
principalmente materializados por la Unión Juvenil Cruceñistas y ciudadanos que
se enlazan a estos desde redes sociales y medios de comunicación masiva afines.
Desde la
apreciación anterior y en continuidad metodológica de las cinco partes
anteriores, un décimo quinto eje de datos, para el análisis los tomamos de
cuatro momentos del discurso y
posicionamiento cívico ligado al Decreto Supremo 4824.
El primer momento lo referimos a las determinaciones
con fachada de preguntas emitidas por el presidente cívico Rómulo Calvo,
transmitido en diferido al cabildo cruceño; en este primer momento se evidenció
la aceptación a la fecha definida por el DS 4824, y si bien no se propuso la
suspensión inmediata del paro cívico de manera expresa, se esperaba que esto
fuese implícitamente considerado por los asistentes, bajo la salida airosa de
diluir la radicalidad del paro en el transcurso de 72 horas, sin embargo la
acción violenta y de rechazo por parte de la UJC fue manifiesta y nuevamente se
apropió de las decisiones del cabildo, dejando sin opinión ni otra opción
deliberativa a los presentes.
El segundo momento
inmediatamente posterior al
anterior lo referimos a la visita que
recibió Rómulo Calvo en las inmediaciones de su domicilio, donde los que
aceptaron la propuesta cívica le daban su respaldo y lo consideraban
pertinente, es decir que no formaban parte de la posición radical del bloque
unionista que atacó la testera principal del cabildo, instalado en el primer
anillo y la Av. Banzer.
En este momento el
presidente cívico, desde los balcones de su domicilio agradeció a la concurrencia por el apoyo y su
intervención centrándose en aclarar el punto dos; punto donde se propone
convocar a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático,
revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.
Este punto fue
instrumentalizado en los cinco puntos para mantener las consignas del
Federalismo y veladamente sostener e impulsar en los puntos de bloqueos y las
movilizaciones callejeras la difusión abierta de las tendencias separatistas,
racistas, anticomunistas y excluyentes.
El tercer momento
se da con la llegada de un grupo de radicales de la UJC, a las casa del
presidente cívico, y que en cierta manera ya estaba bajo el cuidado de quienes
llegaron primero. Los medios alternativos (No las redes televisivas),
reflejaron estos momentos dando cuenta de intercambios de opiniones violentas,
donde las divergencias circunstanciales del bloque cívico podían haber
desembocado en agresiones físicas. Finalmente los pedidos de explicación se
diluyeron canalizando los desacuerdos con propuestas de violencia y pedidos de
renuncia hacia Alcalde Municipal Jhonny Fernández. Sin duda una manipulación
hábil para no exponer al presidente cívico a la acción violenta de sus propios
mandos o grupos de choque.
El cuarto momento
es prolongado y de ajustes a los otros 4 puntos planteados en el Cabildo del 12
de noviembre y que en realidad se funde en uno solo, y cuyo objeto principal
radica en exponer una narrativa de triunfo a lo que fue la salida más pacífica
y en cierta manera concertada en el conflicto.
Veamos ahora un
décimo sexto eje datos que claramente exponen la distorsión y abuso del derecho
a la protesta en la demanda cívica a beneficio del afán federalista o
separatistas.
La demanda social
en el marco del derecho a la protesta, desde el paro cívico, en su relación
institucional entre cívicos y gobiernos, ha quedado desestructurado; la lógica
de relacionamiento interinstitucional, en la atención a la demanda cívica ya no
es un tema de derecho a la protesta, y en contra-sentido se ha convertido en
una demanda de la población afectada y vulnerada en sus derechos por la acción
violenta en razón a recurrentes saqueos, agresiones, atropellos y violencia
callejera desarrollada por los cívicos movilizados.
El paro cívico,
violento en su manifestación e implementación, afecta a sectores vulnerables y
a los derechos fundamentales de pueblos indígenas de la región, comunidades
quechuas, aymaras, tupiguaranies y otras,
a las que el Estado a través de sus instituciones del nivel central y de
los niveles autonómicas las está ignorando y no se le está dando la atención
pertinente, urgente y adecuada,
ajustados a normativa en vigencia y garantías constitucionales.
En este campo de
datos también se puede constatar que el movimiento cívico cruceño tiene un
campo de intervención violenta y de chantaje hacia sus homólogos
departamentales, y esto está claro en el punto 4 donde anuncian asumir por
cuenta y responsabilidad propia sus reivindicaciones. Acá es evidente que se
intenta comprometer a otros departamentos al afán federalista y adhesión a su
proyecto separatista.
Conclusiones pertinentes
Las nuevas líneas
de demandas expuestas en los cinco puntos de consulta al cabildo de noviembre
no son de competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, unas requieren atención
en el Órgano Legislativo, otras en el Ministerio Público entre otras.
Las preguntas
emitidas por el Presidente Cívico empezaban con ¿Están todos de acuerdo?
Sin embargo se vio manifestaciones de rechazo y protesta a las preguntas, que
por cierto no tuvieron respuestas contundentes ni la deliberación oportuna, por
lo que podemos concluir que el evento no da la legitimidad, menos legalidad a
las acciones de violencia y vulneración de derechos que se está ejerciendo a
nombre de la demanda por el censo 2024.
Los cívicos
movilizados ahora atacan y humillan a quienes buscan pasar los puntos de
bloqueo, sean estos conductores de ambulancias, profesionales en salud,
policías, bomberos, o transeúntes
asiduos u ocasionales, y también con aparato paramilitar se desplazan a atacar
comercios y centros de abastecimiento, en acciones que por su implicancias se
constituyen en delitos. Con el producto de los saqueos en los puntos de bloqueo
se ostenta gula y se da protección con la exposición de armas de fuego, armas
blancas, bates y explosivos.
Finalmente
concluir que el paro cívico además de tener componentes de alta perturbación
social, política y económica, está contribuyendo a la agrupación del lumpen y
propiciando su organización y protección, con consecuencia que lógicamente
serán incontrolables para la misma policía y las instituciones garantes del
derecho ciudadano. Lamentablemente el paro cívico ha puesto en prioridad la
organización del lumpen y la delincuencia a cambio de la educación, salud,
deporte, ciencia, desarrollo económico y otras instancias socioeconómicas.
La
Paz, 20 de noviembre de 2022